Resistencias a la aplicación de la ley del aborto |
Madrid, 12 jul (10). AmecoPress Desplazamientos, demoras, manipulaciones y trabas económicas. Varias comunidades aprovechan resquicios legales para coaccionar a las mujeres en su decisión de interrumpir el embarazo y ponen impedimentos a lo que en última instancia pretende la ley: que el derecho a abortar esté garantizado, de un modo sencillo y gratuito.
Por ley las mujeres tienen derecho a someterse a la intervención en su territorio. Sólo excepcionalmente podrán ser derivadas a otra región. Un resquicio legal del que se aprovecha Navarra cuando sostiene que el 100 por cien de sus médicos son objetores y envía a abortar a otras regiones. Sin embargo, tal y como han reclamado varios ginecólogos navarros, esto no es cierto.
La “estrategia” en la Comunidad de Madrid se basa en la dilatación del plazo y la imposición de un complicado circuito para acceder a la intervención: centro de salud, trabajador social, clínica privada y centro de interrupción del embarazo para, finalmente, volver a intervenirse a la clínica. Las mujeres en esta comunidad deben esperar unas tres semanas para abortar. Pero, como aseguran especialistas, en estos casos el tiempo es crucial: desde la semana 14 hasta la 22, las mujeres sólo podrán abortar si acreditan un problema de salud. En definitiva, el sistema de Madrid busca disuadir a la mujer de que reclame su derecho a una intervención gratuita.
Otra de las “trampas” es la extensión de un mecanismo que se recoge en la ley para casos excepcionales, como práctica habitual, lo que queda traducido como una gran desigualdad, esta vez económica. La interrupción voluntaria del embarazo está recogida en el catálogo de prestaciones de la sanidad pública, que debe financiarla. Y si en un plazo de 10 días la solicitante no recibe respuesta de su administración puede intervenirse en el centro que escoja y la comunidad autónoma deberá abonar el importe. Pero esto está previsto como un caso excepcional. Sin embargo, las catalanas, si no demuestran falta de recursos, deben adelantar de su bolsillo el dinero de la intervención, entre 300 y 600 euros, según el tiempo de gestación, que luego le devolverá la Generalitat pasado un mes y medio o dos.
Una práctica que las organizaciones de mujeres denuncian tiene que ver con las “presiones” que las mujeres que están recibiendo, bien por las informaciones que reciben al interesarse por la opción de abortar, bien por la vulneración del derecho de confidencialidad.
Al interesarse sobre el aborto, las mujeres recibirán un sobre cerrado con información sobre las ayudas a la maternidad, documentación elaborada por el Ministerio de Igualdad que deberá completar cada región de la forma que quiera, aunque siempre la ley dice que la documentación entregada debe ser clara, objetiva y "exenta de presión para la mujer".
Pues bien, la Comunidad Valenciana entregará a las mujeres información visual sobre la formación de la vida y la trascendencia ética de abortar. La sanidad gallega publicita en su web, en el apartado de información sobre el aborto, la Red Madre, asociación antiabortista que incluye en ese espacio datos como que el aborto "duele y es violento", es la causa de la ruptura de la pareja y entraña riesgos físicos y psicológicos.
En Cataluña, según la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), se obliga a identificar a las mujeres cuando se les entrega el sobre de documentación. En Madrid algunos hospitales solicitan a las clínicas concertadas el nombre de la mujer, cuando estas les remiten la factura de la intervención.
Las asociaciones feministas expresan su preocupación
Las asociaciones de mujeres expresan su preocupación ante esta situación que califican de “caótica y desconcertante” para las mujeres. La Plataforma de Mujeres ante el Congreso (PMAC) ha emitido un comunicado en el que denuncia las trabas administrativas a las que se enfrentarán los servicios de salud y las clínicas y exige que “se garanticen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, especialmente el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”.
La PMAC afirma que el resultado de los Reales Decretos aprobados por el Consejo de Ministros el pasado 25 de junio, en relación a la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, “responde a los intereses de los sectores más conservadores que se muestran contrarios a los derechos de las mujeres” y que el procedimiento aprobado “levanta toda una carrera de obstáculos a las mujeres, dificultando y entorpeciendo su decisión”.
Por otro lado, en Murcia, se ha creado la “Plataforma de Acción por el Derecho de las Murcianas a Decidir”. Con esta iniciativa estas organizaciones manifiestan su "rechazo" a la posición del Gobierno regional, con su presidente Valcárcel a la cabeza, con respecto a su objeción y al boicot a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Por su parte los Ministerios de Sanidad e Igualdad estudian la situación y aseguran que no van a permitir vulneraciones de la ley.